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Breve introducción histórico-teórica, implicaciones y consecuencias legales y algunos debates que se plantean.

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En 1945 se funda la Organización de Naciones Unidas, estando en ese momento Palestina bajo mandato de Gran Bretaña, que en 1947 plantea la cuestión de Palestina en la ONU, la cual crea el UNSCOP. Este comité, cuyo papel no será vinculante sino únicamente de recomendación, plantea dos direcciones. La minoritaria es la creación de una estructura federal (Palestina) en la que convivan dos Estados federados (Estado árabe y Estado judío). La segunda opción, mayoritaria e impulsora de la resolución 181 de la ONU, propondrá la delimitación de un Estado judío, un Estado palestino, y la permanencia de Jerusalén bajo jurisdicción internacional. En este contexto, en 1974 Palestina adquiere el status de entidad observadora de la ONU.

En cuanto al tema al que este artículo alude, esto es, las consecuencias e implicaciones legales del reconocimiento de Palestina como Estado observador No-Miembro de la ONU, es interesante antes de nada echar un ojo a la Convención de Montevideo, tratado acordado por la Séptima Conferencia  Internacional de Estados Americanos en 1933, que es reconocida como una afirmación certera en el Derecho internacional consuetudinario. En ella se establecieron cuatro criterios fundamentales que un territorio debe poseer para poder afirmarse como Estado:

-Una población permanente.

-Capacidad de entablar relaciones con otros Estados.

-Territorio determinado.

-Gobierno.

Si bien existe amplio consenso en torno a los dos primeros, no ocurre lo mismo en cuanto a los criterios de territorio determinado y gobierno, siendo estos dos argumentos algunos de los utilizados para negar el reconocimiento de Palestina como Estado o como Miembro de pleno derecho de la Comunidad Internacional.

De este modo, en resumen, las objeciones a la estrategia de Palestina de recurrir a la ONU son que 1) el territorio reclamado por Palestina está actualmente en disputa y que necesita ser resuelto antes del reconocimiento; 2) que la ANP no tiene suficiente control sobre el territorio palestino.

Frente a estas discrepancias, parece evidente que a pesar de no alcanzarse un consenso total, ambos criterios se cumplen: por un lado, las resoluciones 242 y 338 de la ONU establecen claramente los límites en torno a los cuales se dirime el conflicto, delimitando la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Además, aun en caso de no estar delimitado por fronteras estables y claras, parece que lo que la estatalidad requiere es el control exclusivo sobre algún territorio, y no la clara delimitación con fronteras de un territorio en cuestión. En referencia a esto, EEUU en 1949 afirmaba que por cuestiones de razón e historia, era evidente que Israel representaba un Estado, quedando en evidencia la doble vara de medir de potencias como EEUU en cuanto a este conflicto se refiere ya que Israel no tiene Constitución ni ningún Documento legal donde describa sus propias fronteras y delimitación de su territorio, lo cual le permite seguir expandiéndose indefinidamente hacia Cisjordania, Gaza, el desierto del Neguev o los altos del Golam.

Por otro lado, informes de la ONU apoyados por el FMI o el BM establecen que las funciones gubernamentales ejercidas por la Autoridad Palestina son suficientes como para poder afirmar el funcionamiento de un Estado o gobierno.

En este contexto, es donde surge la nueva estrategia de Palestina en la ONU: plantear o bien la membresía de pleno derecho o bien el reconocimiento colectivo como Estado. La aceptación como membresía implica el reconocimiento de la estatalidad (art. 4 de la Carta, en la que se afirma que la membresía está solo abierta a Estados), pero no ocurre lo mismo al contrario, es decir, el reconocimiento de la estatalidad de un territorio no implica per se el ser miembro de la ONU.

La Carta de la ONU establece que la membresía está solo abierta a peace-loving states (como Israel por ejemplo…), lo que plantea cuestiones interesantes sobre todo relacionadas con Hamas, reconocido por ciertos Estados como una organización terrorista. En caso de que las conversaciones iniciadas en El Cairo el pasado verano en torno a una futura unión de todas las fuerzas palestinas se llevasen a cabo, la presencia de Hamas en el gobierno de Palestina supondría un elemento a tener en cuenta de cara al análisis. Referido a esto, la mera división actual entre Gaza y Cisjordania ya plantea interrogantes en cuanto al ejercicio del gobierno y los actores titulares en su implementación.

Otro argumento empleado para oponerse al nombramiento de Palestina como Miembro es el hecho de que, afirman algunos Estados, el sufrimiento de la ocupación israelí por parte de Palestina (reconociéndose de esta manera la ocupación), impide a Palestina cumplir sus obligaciones legales en cuanto al respeto de los derechos humanos, la legalidad internacional, etc.

Queda descartada de esta manera la opción de pedir el reconocimiento como Miembro de la ONU, para lo cual el procedimiento habría tenido que ser el siguiente:

-Presentar la candidatura al Secretario General.

-Aprobación por parte de al menos 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad (teniendo en cuenta el derecho de veto de los 5 miembros permanentes, fundamentalmente EEUU)

-Aprobación por 2/3 de la Asamblea General.

Siguiendo con la retahíla de argumentos utilizados en contra de cualquier tipo de reconocimiento de Palestina, la estrategia adoptada por la ANP en la ONU ha sido criticada en cuanto acto unilateral, es decir, en cuanto contradiría los acuerdos (en ningún caso acuerdos que estén afirmados oficialmente en ningún lugar) de negociación bilateral y la renuncia a llevar a cabo acciones unilaterales por cualquiera de las dos partes que puedan cambiar el status de una de ellas u obstaculizar las negociaciones.

En este marco, la ANP decide optar por la petición de reconocimiento por parte de la Asamblea General como Estado observador No-Miembro de Naciones Unidas, para lo cual se precisa únicamente la aprobación por mayoría simple de la Asamblea General. En 1974 Palestina fue aceptado como entidad observadora de la ONU, y progresivamente sus derechos de participación han sido aumentados por la Asamblea General hasta equipararse prácticamente (aunque no totalmente) a los de un Estado observador (como es el Vaticano y, desde este momento también Palestina).

Cualquier entidad perteneciente a alguna de las agencias de la ONU puede solicitar el status de Estado No-Miembro observador, que es lo que Palestina ha realizado, y lo cual tiene una serie de implicaciones que a continuación pasamos a analizar.

En primer lugar, conviene tener en cuenta que no existe figura jurídica reconocida para este status por lo que habrá que empezar a desarrollarla a partir de ahora, con el consiguiente reconocimiento de derechos y privilegios que ahora no están definidos, y que por consiguiente impiden tener una clara idea de las implicaciones de la obtención de este status.

*Por un lado, este reconocimiento permitirá el acceso a la gran mayoría de reuniones y documentación transcendente por parte de la ANP.

*No permitirá el acceso de Palestina a los principales órganos de la ONU, véase la Asamblea General, el Consejo Económico y Social o el Consejo de Seguridad.

*Podrá empezar a formar parte de agencias y organismos especializados cuyos estatutos así lo permitan (ya que no es Miembro). Algunas de las agencias que sí lo permitirían son la FAO, la UNESCO (de la que ya forma parte), la OMC o UNICEF.

*En cuanto a las normas legales aplicables a los territorios ocupados o las obligaciones de Israel, no se verán alteradas por la nueva situación ya que Israel sigue manteniendo el control efectivo de zonas pertenecientes a Palestina, por lo que sigue siendo responsable según la legalidad internacional, del bienestar y la protección de la población palestina y, por tanto, las acciones de Israel están sometidas al derecho internacional humanitario (ley de ocupación) y al derecho internacional de derechos humanos. (Véase post anteriores en este blog sobre el reconocimiento y sus implicaciones en la legalidad internacional)

*Finalmente, uno de los aspectos más transcendentales del nuevo status de Palestina es el referido a los tratados y convenciones internacionales que a partir de ahora Palestina podrá firmar y refrendar, en cuanto dependiendo del margen de maniobra que la comunidad internacional deje a Palestina, esta podría realmente adquirir alguna capacidad de oponerse con voz firme a Israel.

Por un lado, en cuanto a un par de pactos importantes que Palestina podrá (puesto que sólo precisan de la invitación de la Asamblea General) firmar y ratificar (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), conllevan más obligaciones que derechos. El hecho de ratificar estos tratados implica automáticamente la formalización de las obligaciones de la Autoridad Palestina en materia de derechos humanos y civiles, y la sometería a la observación y la revisión periódica de los órganos de vigilancia de los tratados. Esto por un lado podría representar una gran ventaja para Palestina en cuanto a transparencia, apertura y rendición de cuentas. Y sería un síntoma de confianza para la comunidad internacional.

En cuanto a las oportunidades que presenta la hipotética ratificación de tratados, el Estatuto de Roma se sitúa en el plano central del debate abierto en la actualidad, puesto que la ratificación de este Estatuto (que hasta ahora está abierta a cualquier Estado), conlleva el formar parte de la Corte Penal Internacional.

Parece ser, que la Unión Europea, representada por Catherine Ashton, intentó en su momento impulsar un apoyo conjunto de los 27 miembros a cambio de que Palestina se comprometiese a no intentar formar parte del Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, ya pasada y superada la votación, la UE estaría intentando (aprovechándose de la anteriormente mencionada poca definición jurídica de la figura de Estado observador No-Miembro), impulsar la delimitación de competencias de esta figura, de tal manera que se prohibiese legalmente que los Estados con este status pudiesen acceder al TPI.

De cualquier manera, habrá que esperar a que o bien la comunidad internacional regule jurídicamente de una manera nueva las competencias de la figura de Estado observador No-Miembro o bien Palestina adopte una estrategia de acceso a este órgano.

En caso de poder acceder a la Corte Penal Internacional, Palestina podría remitir a la Corte cualquier situación. Para entenderlo gráficamente, en meses anteriores, la CPI decidió no investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos en la guerra de Gaza (2008-2009) porque la Autoridad Palestina no era un Estado reconocido por Naciones Unidas. Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte, resolvió que competía a la ONU decidir si Palestina es Estado en toda regla o no. Por tanto, tras haber sido reconocida finalmente como Estado, parece posible que Palestina tenga acceso, más allá de que decida o no hacer uso de el.

El art. 4.2 dice: “la Corte podrá́ ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.”

El dilema que se plantea en este caso es el motivado por el hecho de que Israel no reconozca al TPI. De esta manera, ¿tiene el TPI competencia/legitimidad para juzgar/exigir cumplimiento de sus juicios en lo relacionado con Estados que no le reconocen? (Ver post anteriores)

Finalmente, otro punto interesante para el debate es el de la división entre Hamas y Al Fatah. La categoría de Estado adquirida por Palestina no afectaría a Hamas (que sigue siendo un agente no estatal). Por lo tanto, si bien el territorio palestino comienza a poder ser investigado y juzgado en caso de que se hayan llevado a cabo en el actos contrarios a la legalidad internacional, se plantea el debate de quién es el gobierno legal/oficial de Palestina y cómo aplicar las decisiones judiciales adoptadas en un hipotético caso.

Esto no quiere decir que Hamas esté exento de respetar la legalidad internacional, ya que está sujeto al derecho internacional humanitario consuetudinario. En definitiva, de nuevo, el acceso de Palestina al TPI facilitaría la rendición de cuentas, pues la Corte podría investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional incluso cometidos por agentes no estatales.

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En los últimos días hemos leído en distintos medios de comunicación cuáles son las “respuestas” del estado israelí al reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por amplia mayoría absoluta, del estado palestino, aunque sólo sea como observador. Esto ha supuesto un importante gesto diplomático mundial que aisla aún más a Israel y sus apoyos en las políticas a nivel global.

Además permite al estado palestino establecer nuevas relaciones y acciones como, por ejemplo, acudir al tan temido por Israel, Tribunal Penal Internacional. Este tribunal fue instaurado por el Tratado de Roma, el cual nunca ha sido firmado por el estado israelí. ¿Por qué intentó Israel durante los meses previos al reconocimiento establecer como condición para el mismo una cláusula que evitara que Palestina presentara su caso frente a dicho Tribunal?

Tal y como explicaba el ICADH en su relato sobre la sexta demolición de Beit Arabiya, el artículo 147 de la Convención de Ginebra establece que son violaciones graves de la misma, el trato inhumano, la destrucción extensa y apropiación de propiedad no justificada por necesidad militar y llevar a cabo ilegalmente y de forma alevosa la deportación o transferencia de personas.

De acuerdo con el artículo 8 de la Corte Penal Internacional establecido por el Estatuto de Roma, las violaciones graves como las descritas constituyen crímenes de guerra y dan lugar a responsabilidad penal individual. Incluso estados que no firmaron el Estatuto de Roma siguen estando sujetos a la obligación de cooperar con el Tribunal Penal internacional en ciertos casos. Consecuentemente, las políticas y prácticas israelíes, que realiza en los territorios ocupados, pueden constituir fácilmente crímenes de guerra bajo el artículo 8(2)(a)(iv) y el artículo 8(2)(a)(vii) del estatuto del Tribunal Penal Internacional.

Es más, las políticas y prácticas israelíes en los territorios ocupados pudieran constituir crímenes contra la humanidad bajo:

  •  el artículo 7(1)(d): Deportación o transferencia forzada de población;
  •  el artículo 7(1)(h): Persecución de cualquier grupo o colectividad identificable en términos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género;
  •  y el articulo 7(1)(j): Crimen de apartheid; así como la violación de la Convención de las Naciones Unidas en la supresión y castigo del crimen de apartheid de 1973.

El crimen de apartheid debe ser entendido como actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de sistemática opresión y dominación por un grupo racial sobre otro/s grupo/s con la intención de mantener un régimen

En la resolución 177(II) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dirigió a la Comisión Legal Internacional a formular los principios del Tribunal Militar Internacional como principios de la legislación internacional (conocidos desde entonces como Principios de Nuremberg) como sigue:

“Cualquier persona que cometa un acto que constituya un crimen bajo legislación internacional es responsable y susceptible de procesar por tal acto. El hecho de que una persona cometiera el acto que constituye un crimen según la legislación internacional y actuara como Jefe de Estado o responsable de un gobierno oficial no lo exime de la responsabilidad bajo legislación internacional. El hecho de que una persona actuara bajo la orden de su Gobierno o superior no lo exime de la responsabilidad bajo legislación internacional, si se prueba que una elección moral fue de hecho posible para esa persona.”

Es por ello que el ICADH, algo a lo que nos sumamos, señala a las siguientes autoridades como responsables personalmente de las políticas y prácticas que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad: el Primer Ministro Benjamin Netanyahu; el Ministro de Defensa Ehud Barak; el Ministro de Justicia Yaakov Neeman; el Comandante General del Mando Central de la Oficina General de Comandancia Nitzan Alon; el Coordinador de las Actividades del Gobierno en los Territorios General Eitan Dangot; el Jefe de la Administración Civil General de Brigada Moti Almoz.

Pero es más, según nuestra opinión, los jueces, policías, militares, o incluso conductores de bulldozer que emiten o ayudan a ejecutar de algún modo esas órdenes de demolición; los arquitectos municipales u obreros que diseñan planes de asentamientos o ayudan a construirlos, también tienen parte de responsabilidad en estos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Pero volviendo a las supuestas respuestas de los días pasados desde el gobierno israelí cabría matizar que los planes de construcción de estos nuevos asentamientos llevan años aprobados, así como la política de adquisición de recursos económicos que deberían llegar al pueblo palestino. Por cada donación que una ONG hace al pueblo palestino los israelíes le cargan un impuesto del 22%. Los impuestos recaudados en Jerusalén Este no se reflejan en servicios municipales tales como recogida de basuras o mantenimiento del sistema de alcantarillado por parte de la municipalidad.

En el caso de los asentamientos alrededor de Jerusalén Este, aquí podéis encontrar una descripción por parte del Jerusalem Post con los nuevos asentamientos aprobados que incrementan en un 25% la población israelí que ocupa ilegalmente lo que debiera ser capital de Palestina. Incluye un mapa en el que se percibe el cinturón de asentamientos que están completando alrededor de Jerusalén Este y que lo separan de manera efectiva del resto de Cisjordania al unirse con la colonia de Maale Adumim.

Esta situación se reproduce a lo largo y ancho de todo el territorio palestino, esta misma semana desde la agencia palestina de noticias Maan News nos llegaban noticias de la segunda demolición de una mezquita cerca de Hebrón. La demolición no sólo atenta contra la libertad de culto de los habitantes de la zona sino que forma parte de un plan para evacuar 8 pueblos en las colinas del sur de Hebrón para crear una zona de entrenamiento militar. Un grave problema que afecta a los derechos y convivencia en todo el sur de Hebrón. Y que golpea también a una población ya golpeada por otros problemas, los beduinos.

Así que congelar los fondos a la Autoridad Nacional Palestina, como muchos esperaban, o anunciar la creación de 4.700 viviendas en los Territorios Palestinos Ocupados: 3.000 en la zona E-1 (para la cual será necesaria la expulsión de 11.000 beduinos) y otros 1.700 en la colonia de Ramat Shlomo no es una respuesta a nada, tan solo la continuidad de unas políticas que se llevan aplicando desde la creación del estado sionista. Así, lo escribió Ana Carbajosa en el diario El País: “Israel ha decidido confiscar cerca de 92 millones de euros, correspondientes a la cuota mensual que transfiere a los palestinos en concepto de impuestos recaudados y que el Gobierno de Ramala utiliza para pagar salarios de los funcionarios. Esta suma resulta crucial para el funcionamiento de la débil economía palestina”

¿Y cuál es la respuesta de la comunidad internacional ante estas acciones?

 “Desde los Acuerdos de Oslo de 1993, el número de colonos no ha dejado de crecer pasando de los 215.000 a los 550.000 actuales (a los que habrá que sumar otros 20.000 más que se alojarán en las nuevas colonias). Este espectacular aumento no hubiera sido posible sin el consenso de las principales formaciones sionistas (Likud, Partido Laborista y Kadima) y la pasividad de la comunidad internacional, que ha permitido la sistemática vulneración del Derecho Internacional (el artículo 6 de la Cuarta Convención de Ginebra señala que “la Potencia ocupante no deportará o transferirá parte de su propia población a los territorios que ocupe”).

[…]

Habrá que ver cómo reacciona la comunidad internacional ante este desafío: ¿se contentará con la tibieza habitual o adoptará medidas más contundentes? En su célebre discurso de El Cairo de 2009, el presidente Barack Obama advirtió: “Los israelíes deben reconocer que del mismo modo que no puede negarse el derecho de Israel a existir, tampoco puede negarse el de Palestina. EE UU no aceptará la legitimidad del mantenimiento de los asentamientos israelíes. Esta construcción viola los acuerdos anteriores y mina los esfuerzos para alcanzar la paz”.

Desde entonces se han construido miles de nuevas viviendas en los asentamientos sin que estas graves violaciones del Derecho Internacional hayan pasado ninguna factura a Israel. Lo que está en juego es la estabilidad de Oriente Medio en las próximas décadas.”

 colonias en Jerusalén Este

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/03/actualidad/1354561170_008878.html

Es cierto que esta semana varios países europeos (entre ellos España) convocaron a sus embajadores y que la propia secretaria de estado de los Estados Unidos lo valoró negativamente, pero estas reacciones son cuando menos tibias ante tamañas vulneraciones de los derechos humanos perpetradas a lo largo ya de más de 60 años.

Ante esta falta de oposición institucional no queda más que continuar por la vía de la acción civil por medio de instrumentos como el Tribunal Russell, las campañas de BDS o el apoyo a organizaciones que trabajen sobre el terreno y mediante la difusión y concienciación, bien sean palestinas (páginas de facebook de los comités populares de Bilin, Nilin, Al Masarah, Nabi Saleh, de organizaciones como Addameer, mixtas o israelíes (ICADH, AIC), o iniciativas como este  blog, en la medida de nuestras posibilidades, y tantas otras que en la red y en papel hacen un seguimiento de la realidad cotidiana de la ocupación en Cisjordania, Gaza, Jerusalén, dentro de Israel y en la diáspora de los refugiados.

Ser “meros” ciudadanos no nos convierte necesariamente en marionetas. Desde luego, existen muchos problemas en el mundo que solucionar y, sabemos que no se puede estar a todos, pero siempre existen formas de colaborar para hacer el mundo un poco más justo para tod@s.