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En los últimos días hemos leído en distintos medios de comunicación cuáles son las “respuestas” del estado israelí al reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por amplia mayoría absoluta, del estado palestino, aunque sólo sea como observador. Esto ha supuesto un importante gesto diplomático mundial que aisla aún más a Israel y sus apoyos en las políticas a nivel global.

Además permite al estado palestino establecer nuevas relaciones y acciones como, por ejemplo, acudir al tan temido por Israel, Tribunal Penal Internacional. Este tribunal fue instaurado por el Tratado de Roma, el cual nunca ha sido firmado por el estado israelí. ¿Por qué intentó Israel durante los meses previos al reconocimiento establecer como condición para el mismo una cláusula que evitara que Palestina presentara su caso frente a dicho Tribunal?

Tal y como explicaba el ICADH en su relato sobre la sexta demolición de Beit Arabiya, el artículo 147 de la Convención de Ginebra establece que son violaciones graves de la misma, el trato inhumano, la destrucción extensa y apropiación de propiedad no justificada por necesidad militar y llevar a cabo ilegalmente y de forma alevosa la deportación o transferencia de personas.

De acuerdo con el artículo 8 de la Corte Penal Internacional establecido por el Estatuto de Roma, las violaciones graves como las descritas constituyen crímenes de guerra y dan lugar a responsabilidad penal individual. Incluso estados que no firmaron el Estatuto de Roma siguen estando sujetos a la obligación de cooperar con el Tribunal Penal internacional en ciertos casos. Consecuentemente, las políticas y prácticas israelíes, que realiza en los territorios ocupados, pueden constituir fácilmente crímenes de guerra bajo el artículo 8(2)(a)(iv) y el artículo 8(2)(a)(vii) del estatuto del Tribunal Penal Internacional.

Es más, las políticas y prácticas israelíes en los territorios ocupados pudieran constituir crímenes contra la humanidad bajo:

  •  el artículo 7(1)(d): Deportación o transferencia forzada de población;
  •  el artículo 7(1)(h): Persecución de cualquier grupo o colectividad identificable en términos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género;
  •  y el articulo 7(1)(j): Crimen de apartheid; así como la violación de la Convención de las Naciones Unidas en la supresión y castigo del crimen de apartheid de 1973.

El crimen de apartheid debe ser entendido como actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de sistemática opresión y dominación por un grupo racial sobre otro/s grupo/s con la intención de mantener un régimen

En la resolución 177(II) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dirigió a la Comisión Legal Internacional a formular los principios del Tribunal Militar Internacional como principios de la legislación internacional (conocidos desde entonces como Principios de Nuremberg) como sigue:

“Cualquier persona que cometa un acto que constituya un crimen bajo legislación internacional es responsable y susceptible de procesar por tal acto. El hecho de que una persona cometiera el acto que constituye un crimen según la legislación internacional y actuara como Jefe de Estado o responsable de un gobierno oficial no lo exime de la responsabilidad bajo legislación internacional. El hecho de que una persona actuara bajo la orden de su Gobierno o superior no lo exime de la responsabilidad bajo legislación internacional, si se prueba que una elección moral fue de hecho posible para esa persona.”

Es por ello que el ICADH, algo a lo que nos sumamos, señala a las siguientes autoridades como responsables personalmente de las políticas y prácticas que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad: el Primer Ministro Benjamin Netanyahu; el Ministro de Defensa Ehud Barak; el Ministro de Justicia Yaakov Neeman; el Comandante General del Mando Central de la Oficina General de Comandancia Nitzan Alon; el Coordinador de las Actividades del Gobierno en los Territorios General Eitan Dangot; el Jefe de la Administración Civil General de Brigada Moti Almoz.

Pero es más, según nuestra opinión, los jueces, policías, militares, o incluso conductores de bulldozer que emiten o ayudan a ejecutar de algún modo esas órdenes de demolición; los arquitectos municipales u obreros que diseñan planes de asentamientos o ayudan a construirlos, también tienen parte de responsabilidad en estos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Pero volviendo a las supuestas respuestas de los días pasados desde el gobierno israelí cabría matizar que los planes de construcción de estos nuevos asentamientos llevan años aprobados, así como la política de adquisición de recursos económicos que deberían llegar al pueblo palestino. Por cada donación que una ONG hace al pueblo palestino los israelíes le cargan un impuesto del 22%. Los impuestos recaudados en Jerusalén Este no se reflejan en servicios municipales tales como recogida de basuras o mantenimiento del sistema de alcantarillado por parte de la municipalidad.

En el caso de los asentamientos alrededor de Jerusalén Este, aquí podéis encontrar una descripción por parte del Jerusalem Post con los nuevos asentamientos aprobados que incrementan en un 25% la población israelí que ocupa ilegalmente lo que debiera ser capital de Palestina. Incluye un mapa en el que se percibe el cinturón de asentamientos que están completando alrededor de Jerusalén Este y que lo separan de manera efectiva del resto de Cisjordania al unirse con la colonia de Maale Adumim.

Esta situación se reproduce a lo largo y ancho de todo el territorio palestino, esta misma semana desde la agencia palestina de noticias Maan News nos llegaban noticias de la segunda demolición de una mezquita cerca de Hebrón. La demolición no sólo atenta contra la libertad de culto de los habitantes de la zona sino que forma parte de un plan para evacuar 8 pueblos en las colinas del sur de Hebrón para crear una zona de entrenamiento militar. Un grave problema que afecta a los derechos y convivencia en todo el sur de Hebrón. Y que golpea también a una población ya golpeada por otros problemas, los beduinos.

Así que congelar los fondos a la Autoridad Nacional Palestina, como muchos esperaban, o anunciar la creación de 4.700 viviendas en los Territorios Palestinos Ocupados: 3.000 en la zona E-1 (para la cual será necesaria la expulsión de 11.000 beduinos) y otros 1.700 en la colonia de Ramat Shlomo no es una respuesta a nada, tan solo la continuidad de unas políticas que se llevan aplicando desde la creación del estado sionista. Así, lo escribió Ana Carbajosa en el diario El País: “Israel ha decidido confiscar cerca de 92 millones de euros, correspondientes a la cuota mensual que transfiere a los palestinos en concepto de impuestos recaudados y que el Gobierno de Ramala utiliza para pagar salarios de los funcionarios. Esta suma resulta crucial para el funcionamiento de la débil economía palestina”

¿Y cuál es la respuesta de la comunidad internacional ante estas acciones?

 “Desde los Acuerdos de Oslo de 1993, el número de colonos no ha dejado de crecer pasando de los 215.000 a los 550.000 actuales (a los que habrá que sumar otros 20.000 más que se alojarán en las nuevas colonias). Este espectacular aumento no hubiera sido posible sin el consenso de las principales formaciones sionistas (Likud, Partido Laborista y Kadima) y la pasividad de la comunidad internacional, que ha permitido la sistemática vulneración del Derecho Internacional (el artículo 6 de la Cuarta Convención de Ginebra señala que “la Potencia ocupante no deportará o transferirá parte de su propia población a los territorios que ocupe”).

[…]

Habrá que ver cómo reacciona la comunidad internacional ante este desafío: ¿se contentará con la tibieza habitual o adoptará medidas más contundentes? En su célebre discurso de El Cairo de 2009, el presidente Barack Obama advirtió: “Los israelíes deben reconocer que del mismo modo que no puede negarse el derecho de Israel a existir, tampoco puede negarse el de Palestina. EE UU no aceptará la legitimidad del mantenimiento de los asentamientos israelíes. Esta construcción viola los acuerdos anteriores y mina los esfuerzos para alcanzar la paz”.

Desde entonces se han construido miles de nuevas viviendas en los asentamientos sin que estas graves violaciones del Derecho Internacional hayan pasado ninguna factura a Israel. Lo que está en juego es la estabilidad de Oriente Medio en las próximas décadas.”

 colonias en Jerusalén Este

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/03/actualidad/1354561170_008878.html

Es cierto que esta semana varios países europeos (entre ellos España) convocaron a sus embajadores y que la propia secretaria de estado de los Estados Unidos lo valoró negativamente, pero estas reacciones son cuando menos tibias ante tamañas vulneraciones de los derechos humanos perpetradas a lo largo ya de más de 60 años.

Ante esta falta de oposición institucional no queda más que continuar por la vía de la acción civil por medio de instrumentos como el Tribunal Russell, las campañas de BDS o el apoyo a organizaciones que trabajen sobre el terreno y mediante la difusión y concienciación, bien sean palestinas (páginas de facebook de los comités populares de Bilin, Nilin, Al Masarah, Nabi Saleh, de organizaciones como Addameer, mixtas o israelíes (ICADH, AIC), o iniciativas como este  blog, en la medida de nuestras posibilidades, y tantas otras que en la red y en papel hacen un seguimiento de la realidad cotidiana de la ocupación en Cisjordania, Gaza, Jerusalén, dentro de Israel y en la diáspora de los refugiados.

Ser “meros” ciudadanos no nos convierte necesariamente en marionetas. Desde luego, existen muchos problemas en el mundo que solucionar y, sabemos que no se puede estar a todos, pero siempre existen formas de colaborar para hacer el mundo un poco más justo para tod@s.

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Incluso aunque sea “solamente” con estatus de observador, similar al del Vaticano. Incluso aunque vote la Asamblea General de la ONU, en que se decide por mayoría simple, y no pueda haber bloqueos, como en el Consejo de Seguridad.

Este jueves 29 de noviembre, en coincidencia con el día internacional de pueblo palestino, la ANP eleva a votación su reconocimiento como estado  observador. Desde que en septiembre de 2011 hiciera su petición formal para convertirse en el estado miembro 194 sobre las fronteras de 1967 han pasado muchas cosas.  Algunas son conocidas. Como la nueva matanza en Gaza. Otras no tanto. Como las amenazas de algunos políticos israelíes que expresaban que los palestinos se arrepentirán por su decisión. Algo que para algunos, situados en el gobierno, era más peligroso que la “guerra” que llegaba desde Gaza. Y la amenaza de de derribar a la ANP si finalmente sometía el asunto a votación, como sucederá este jueves 29 de noviembre. Nada nuevo si tiene en cuenta sólo la historia de este último año. Presiones y campaña en contra dentro del Consejo de Seguridad, “congelación” de fondos a los palestinos por su propuesta “unilateral” y retirada de los mismos de agencias, como la UNESCO, que si han reconocido a Palestina derechos como estado. Según recoge un reportaje de Ana Carbajosa para El País, el día 27 de noviembre, “El abanico de represalias va desde derrocar a Abbas hasta retener los impuestos que recauda Israel, acelerar la expansión de los asentamientos, o suprimir los permisos que tienen algunos políticos palestinos para cruzar los controles y salir de su territorio”.

Un aspecto muy importante será ver qué vota cada país. En principio, la propuesta palestina goza de un amplío apoyo en todo el mundo, sobre todo tras la adhesión de muchos países sudamericanos el año pasado. Resta por ver qué votarán los países de la UE, que lo harán en separado en tres posturas: a favor, en contra y abstención. En las últimas votaciones sobre asuntos palestinos ha sucedido así y esta vez, ya se anuncia que será así. Los partidos políticos palestinos reclaman que España haga efectivo su compromiso con los problemas en la zona con su voto positivo. La votación favorable al ingreso en la UNESCO contó con el apoyo tanto de PSOE, entonces en el gobierno, como de PP. A día de hoy, no se ha avanzado que hará el gobierno Rajoy, que parece contar en su partido con dos tendencias muy distintas respecto a Palestina e Israel.

Pero la “solución de los dos estados” es cada vez más díficil tras los agonizantes procesos bilaterales de paz, con el apoyo de la comunidad internacional. Como escribió David Perejil en el reportaje “La solución de los dos estados, a punto de desaparecer” para Frontera Digital “no son pocas las voces que pronostican que la solución de dos estados en la zona está cercana a su fin.

En primer lugar, se cita el menguante territorio sobre el que podría asentarse el hipotético estado palestino. Lejos del 45% de la tierra otorgada por el plan de partición de la ONU de 1945 e incluso del 22% que quedó tras la guerra de 1967, actualmente los asentamientos dejarían entre un 10% y 14% de territorio con siete grandes ciudades en Cisjordania desconectadas entre sí y con la franja de Gaza, bajo asedio israelí desde 2007. Fuera de ese dibujo quedarían las fronteras con otros estados, como Jordania, que Israel se afana en preservar. Todo ello sin entrar en la viabilidad económica de un territorio sobre el que el estado israelí busca mantener y acaparar todas las fuentes de agua, así como independencia o relaciones con otros países. Y dejando de lado la justicia de la solución, algo que para Nozizwe Madlala-Routledge, antigua ministra de Defensa surafricana durante los primeros gobiernos de Nelson Mandela, “suena como apartheid” si compara la situación actual de Gaza y Cisjordania y la de su país en la década de los ochenta.

Para la analista palestina Ghada Karmi es un hecho evidente que los dos estados no son ya posibles. Cita tres importantes razones. La primera, el control israelí del 62% de las tierras de Cisjordania, incluyendo el fértil valle del Jordán. Segundo, el proceso de colonización continúa y hasta la fecha Israel ha evitado siquiera pararlo para hacer posible la solución de dos estados. Por último, la doctora palestina afirma que Occidente ha sido reticente a presionar a Israel. “Hoy Israel-Palestina es un estado demostrable, imposible de dividir. Pero es un estado discriminatorio que opera al estilo de un sistema de apartheid contra los palestinos con impunidad”. En el reportaje algunas voces son muy pesimistas como el analista israelí Dahlia Scheindlin que explica “que “el debate ya no es si un estado debe ser considerado o si un estado gobierna dos pueblos. La cuestión es qué tipo de estado será: la versión de derechas o izquierdas”. Para él, pese a que todos los líderes israelíes desde Isaac Rabin al actual primer ministro Benjamin Netanyahu han reconocido su preferencia por dos estados, en realidad, no lo han permitido. Eso ha llevado a que algunos analistas y políticos israelíes comiencen a hablar de la realidad de “un estado”. Para él, la versión de derechas de esta realidad pasaría por unos palestinos con derechos y representación inferiores, incluso aunque los palestinos fueran la mayoría de la población. Un relato corroborado por la encuesta publicada por el diario israelí Haaretz a finales de octubre en la que la mayoría de la población israelí afirma que apoyaría el establecimiento de un régimen de apartheid, que el 58% de la población admite que ya existe. En esa investigación, el 59% de los israelíes afirmaba estar de acuerdo en que los judíos israelíes deberían tener preferencia sobre los árabes en los trabajos públicos, el 69% no deseaba que tuvieran derecho a voto y el 74% se manifestaba a favor de la existencia de carreteras separadas en Cisjordania.”

El debate sobre la solución política entre palestinos e israelíes es tan viejo como el propio conflicto. Alfonso Bolado  hizo un repaso histórico en su artículo Israel-Palestina. Por un Estado binacional,
laico y democrático” para la revista Página Abierta, justo hace un año cuando se hizo el primer intento en la ONU.  En su texto no sólo hace genealogía de la idea desde los albores del siglo XX, las visiones de los protagonistas en la zona, algunos intelectuales… sino que también aborda los principales problemas, que agrupa en tres. No existe “ningún movimiento social que la secunde políticamente, ni por parte israelí ni por la palestina” dice. “La falta de soluciones alienta la radicalización de las posturas”, es la segunda. Y, por último, concluye “las bases ideológicas de ambas comunidades, como inspiradoras de la acción política, de la cual se retroalimentan,  han tendido a hacerse más dogmáticas y menos matizadas. En este aspecto es particularmente peligrosa la posición del sionismo, por tratarse de un nacionalismo fuertemente etnificado y, por tanto, exclusivista y agresivo”. Su texto acaba intentando perfilar que forma tendría ese estado binacional por el que aboga.

Similar visión expresó la arabista Luz Gómez un artículo de opinión titulado, de manera muy contundente, “Se acaba el tiempo de los dos Estados”, publicado también hace un año, en este caso en El País. Escribe “Han pasado más de 20 años y los avances en la construcción estatal no solo no han traído el tan ansiado Estado palestino, sino que han propiciado sobre el terreno una administración indígena de la Ocupación: en Cisjordania se llama Autoridad Nacional Palestina; en Gaza, Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El macabro juego del proceso de paz ha llegado tan lejos que ya es indistinguible de la Ocupación misma”. Reconoce que la idea de un único estado suena a “ingenería social”, pero no cree que sea viable ni posible otra propuesta. “El único discurso de paz a largo plazo es el de compartir la tierra y la historia”. Para Luz Gómez el germen de esta “campaña” política son tanto la resistencia civil a la ocupación como la campaña BDS, desde el lado palestinos, como los indignados, para el israelí.